La profesora Gracia Gómez suele escribir bien y hablar mejor de política universitaria. Por eso, cuando escuché su intervención en el Claustro, no pude por menos que pedirle el texto para que todos pudieráis disfrutar de él.
Desde el Colectivo de Profesores queremos manifestar, una vez más, nuestro compromiso con la defensa de la Universidad pública. Quizá en esta ocasión sea necesario hacerlo con más énfasis que de costumbre puesto que no soplan vientos favorables para preservar lo público ni sobran fuerzas para protegerlo. En la nuestra, la única Universidad pública de Aragón, hemos disfrutado durante este año de éxitos propios que han servido para relajar nuestro estado de alarma ante una falta de asistencia a la enseñanza superior que sigue siendo clamorosa. Uno de esos éxitos ha sido, sin duda, la adaptación de nuestras titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior. No en todos los casos ha resultado tarea sencilla, pero la transición, de todos modos, era inaplazable y se ha resuelto con soltura. El segundo logro ha sido el Campus de Excelencia Internacional. Hubo que superar la decepción del primer fracaso, formar un conjunto uniforme de lealtades y construir un proyecto mejor que finalmente resultó reconocido.
Sin duda, consideramos que estos frutos son méritos más que suficientes para acreditar una buena gestión. Por eso, le felicitamos, señor Rector, a usted y a su equipo de Gobierno, y volvemos a renovarle nuestro apoyo.
Ahora bien, más difícil que tener es mantener. Y en esta materia nos queda un buen trecho por recorrer. La adaptación a Bolonia no sólo no ha concluido sino que acaba de empezar. Nuestros Grados llevan asociado un sistema de calidad en cuyo correcto funcionamiento deberemos implicarnos todos si queremos culminar la transición con éxito.
Además, falta por abordar la reordenación de nuestros másteres y posgrados: otra difícil tarea en la que será necesario (así lo esperamos) tomar decisiones valientes.
Tampoco deberíamos retrasar mucho más un debate, que empieza a ser necesario, acerca de la labor docente en su conjunto: desde la pérdida, cada vez más acusada, de discípulos que no encuentran más que obstáculos y exigencias cuando pretenden desarrollar su vocación, hasta los propios instrumentos para asignar el encargo docente, cuya rigidez y automatismo impiden, las más de las veces, medir con realismo la dedicación docente.
Y, desde luego, en cuanto al campus de Excelencia, las expectativas puestas en ese proyecto no deberían frustrarse. Entre otras cosas, Íberus se ha concebido como un plan integral de desarrollo investigador y, en consecuencia, cualquier especialidad de investigación con la suficiente entidad y acreditación ha de tener cabida en ese plan, sin menosprecios ni egoísmos académicos. Por lo que se refiere a la gestión del consorcio sería deseable lograr también el máximo consenso posible para que quienes estén al frente no sólo tengan capacitación sino también un conocimiento adecuado de la Universidad en su dimensión interna y práctica. Al mismo tiempo, es necesario señalar que la dotación económica del Campus de Excelencia no puede ser la excusa para aplazar la reivindicación de un régimen estable de financiación para la Universidad pública, cuestión que sigue pendiente de solución y cuyo retraso se justifica, una y otra vez, con la coartada de la crisis.
Señor Rector, el año pasado en este mismo foro, le pedimos desde el Colectivo de Profesores que promoviera con firmeza un pacto por la enseñanza superior. En esta ocasión, y a pesar de que las circunstancias son aún más desfavorables, le tenemos que pedir que siga insistiendo.
La Universidad pública, con un enorme sentido de la responsabilidad y casi con sumisión, está cumpliendo paso a paso todo lo que se le exige desde la administración: aplicar Bolonia sin financiación; ordenar los estudios de posgrado sin más inversión; ceñirnos a una legislación en materia de contratos docentes que, en ocasiones, nos asfixia, perjudica a nuestros estudiantes y, desde luego, no nos permite seguir una política seria en la promoción de la carrera académica; renunciar con resignación al desarrollo de infraestructuras necesarias e incluso urgentes; y hasta recortar gastos de donde sea y como sea para demostrar que la Universidad no despilfarra recursos, ¡como si alguna vez nos hubieran sobrado! Va siendo hora de que la otra parte cumpla también sus compromisos y ponga a disposición de los ciudadanos el mejor servicio posible en educación y formación porque es irritante que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, conociendo la Universidad que tiene, no sepa todavía la Universidad que quiere.
Somos conscientes de que este discurso debe sonar a música celestial cuando estamos presenciando y padeciendo un dramático recorte del gasto social. Pero precisamente por eso es más necesario que nunca mantener la alerta ante las acusaciones de ineficiencia de los servicios públicos y las amenazas de privatización que se ciernen sobre cualquier empresa o institución del Estado que, naturalmente, sea rentable o susceptible de serlo.
Los aires de protesta que recorren Europa ante la subida de las tasas universitarias -que es una manera encubierta de promover la autofinanciación de las universidades- debería ser un aviso suficientemente elocuente para que todos los que defendemos la Universidad pública nos mantengamos atentos, dispuestos y preparados para proteger la universidad social.
Muchas gracias